Las mejoras en la infraestructura de la Carretera Central empezarán en la quincena de enero del año 2015, tras firmarse la adenda 2 del contrato de concesión de la Carretera Interoceánica IIRSA Centro tramo 2 –proyecto que estuvo paralizado por más de cuatro años según informó la concesionaria Deviandes.
La empresa ganó la adjudicación en el 2010, con lo que se comprometió a invertir US$126 millones, monto que no ha podido ejecutar por diferencias con el Ministerio de Transportes sobre poner la carretera en un estado óptimo (puesta a punto), como para comprometerse a mantenerla por los 25 años que dura la concesión.
Gonzalo Valdez, gerente administrativo y financiero de Deviandes, declaro a un diario: “Actualmente se ha concordado la firma de la adenda 2, la misma que permitirá el inicio de las obras de puesta a punto (OPA). Se espera que sea firmada a más tardar este 15 de diciembre y las obras empezarán 30 días después de la suscripción”. Si bien Gonzalo Valdez no dio detalles de la adenda, el titular del MTC, José Gallardo, detalló a este Diario que en ella se podría plasmar la extensión del tiempo de concesión o el cambio en el pago de las regalías.
Sobre las OPA, Valdez explicó que comprenden la rehabilitación del pavimento, drenajes, señalización, túneles y puentes al nivel de servicio del contrato. “Desde que se inicie la obra, en 15 meses, la carretera estará en condiciones como exige el contrato. Es decir, en marzo o abril del 2016 estará asfaltada y se habrán concluido las otras obras de no puesta a punto (ONPA)”, indicó el ejecutivo.
La importancia de la intervención de la Carretera Central radica en que esta vía (la de mayor tráfico del país) une a la capital con la zona centro del país, cuya actividad minera y demás significa casi el 60% del PBI nacional. No obstante, queda pendiente la decisión del arbitraje sobre las diferencias respecto al financiamiento de la puesta a punto entre el concesionario y el MTC, el cual está en su etapa pericial y cuya resolución se estima que no deberá demorar más de seis meses.
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Fuente: El Comercio